Albertman versus la Constitución Nacional

Por Virginia Canal

Albertman acaba de enviar un proyecto de ley al Congreso para que lo faculten a tomar medidas “excepcionales” que derivarán hipotéticamente de “criterios sanitarios, epidemiológicos y demográficos, y define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar medidas de cuidado de la población” (Infobae, 11/05/21) con el propósito de dar batalla a la pandemia.

En criollo, pretende convertirse en Superalbertman y hacer lo que se le canten las pelotas con los argentinos. Pero antes de exasperarnos y entrar en pánico, recordemos al milagroso artículo 29 de ese librito tantas veces olvidado que algunos llaman Ley Fundamental, Ley Suprema, Carta Magna o, lisa y llanamente, Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Una rápida y simple conclusión a la que puede arribarse sobre este artículo, tal vez la más importante, es que excomulga como «infames traidores a la Patria», a los legisladores, tanto del orden nacional como provincial, que pongan a disposición de cualquier persona o gobierno facultades extraordinarias, la suma del poder público, y sumisiones o supremacías que atenten contra los sacros derechos de los ciudadanos

¡Guarda Albertman con la ambición desmedida! En algunas situaciones no resulta buena consejera. No obstante, y a la luz de una interpretación lo suficientemente laxa, parece prima facie que las conductas: «formulen, consientan o firmen», permiten extender el catálogo de los sujetos activos del reproche constitucional y penal por el hecho de enunciar o manifestar su deferencia y tolerancia a un acto de los descriptos por la propia Constitución.

Con una primera información que circula desde el cuarto poder, el proyecto de ley enviado para su tratamiento le permitirá, en caso de aprobarse, a Albertman regular —de propia mano— mayores restricciones en el contexto pandémico. A esta coyuntura, el artículo 29 de la Constitución se refiere como las «facultades extraordinarias». Estas facultades extraordinarias son atribuciones que, a su modo, violentan el enunciado elemental de la división de poderes. Montesquieu revolcándose en su tumba again and again and again.

Estas facultades extraordinarias son concedidas al Poder Ejecutivo cuando se lo autoriza a llevar a cabo actos cuya competencia pertenece a alguno de los otros poderes estatales o bien porque, ante la complicación de actos específicos, es ineludible la participación de otro órgano ajeno a él. A modo ilustrativo se trae a colación la habilitación que se proyecta otorgarle a Albertman para que ejerza ¡¡¡funciones legislativas!!!!.

De lo dicho, con claridad meridiana surge que si sanciona el proyecto de ley que delega en el presidente facultades legislativas no permitidas por el art. 76 o cuando éste pretenda continuar legislando con decretos de necesidad y urgencia, fuera de los límites permitidos en el art. 99, inc. 3° de la Constitución, se estarán ejerciendo facultades extraordinarias, actitudes que implican la palmaria violación de lo estipulado en el artículo 29. Y si se viola, tiene unas bellas consecuencias: nulidad insanable de los actos y la tacha de infames traidores a la Patria a quienes deleguen esas facultades desmedidas.

Es preciso aclarar que basta la puesta en peligro cierto de los derechos individuales o que estos queden fuera de la tutela de la Constitución y las leyes (es decir, basta con la posibilidad de ocurrencia de un daño, sin ser necesario que éste se produzca) para que se activen esas consecuencias. A pesar de conocer este resultado ¿piensan continuar? Se puede apreciar la riqueza del contenido del artículo 29 en aras de combatir el despotismo político y el ejercicio abusivo de la intervención estatal en la vida de los habitantes bajo el pretexto infame del ejercicio del poder de policía. Y se advierte también la noble finalidad que instauró el constituyente de 1853 al asentar en el texto constitucional la valiente proclama dirigida a rechazar categóricamente el poder personal, la prepotencia y la violencia con la que algunos políticos pretenden inmiscuirse en la vida de los ciudadanos.

El art. 29 es, sin dudas, una reacción sana y equilibrada contra prácticas dictatoriales que vuelven al presidente o gobernador en dueño y señor de la vida, la dignidad, la libertad y demás derechos de los argentinos (y de todos los habitantes de este bendito suelo). Es una protesta de profundo trasfondo constitucional que prohíbe y repudia los superpoderes que hoy pretende Albertman. Si aceptamos mansos ese avasallamiento, lo pagaremos caro…con nuestro futuro.

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