El Gatoburro con botas: ¿Desconocimiento, inobservancia o se pasa por la zanja de la colectora a la Constitución?

Por Virginia Canal

Partamos de la base, el Estado cumple tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Las mismas fueron atribuidas a órganos (“poderes”) independientes entre sí. En virtud de ello puede afirmarse que no se trata de una lisa y llana escisión de funciones estatales que obedece a la necesidad de dividir el trabajo con el propósito de simplificar las tareas gubernamentales. La piedra fundacional y estructural es, esencialmente, de naturaleza política; se trata de distar el poder cada uno de los órganos para debilitarlo y así evitar que uno se descontrole y ejerza un señorío mayor sobre los demás.

Pero vayamos a lo que interesa en esta breve reflexión que proyecta cierto objetivo docente: la ignorancia, la brutalidad o las ansias de poder ilimitado y exorbitante del presidente de algunos argentinos y de su madama supletoria (porque sabemos que al títere lo dominan los hilos del titiritero). Cabe recordar que hace unos pocos días atrás, el gatoburro con botas Fernández expresamente cuestionó ante un grupo de estudiantes de derecho: “¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”

El planteo caricaturesco del gatero calzado me obliga a recordarle que está vigente en Argentina la Constitución Nacional o ley suprema. En ella, por si el profesor de derecho no lo sabe o lo olvidó, se estipulan los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la Nación y la forma en que se han de organizar los poderes del Estado. Como señaláramos ut supra, hay tres poderes estatales independientes, siendo uno de ellos el Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es un instrumento básico ineludible porque si ella no hay República, no hay Constitución, no hay derechos individuales, ni se ejercita límite alguno al poder. Dicho eso, se colige que son los jueces los guardianes y protectores del ser humano de a pie frente a los eventuales ataques de los detentadores del poder.

Y en la Argentina kirchneroalbertista es permanente el intento de confinación y aniquilación del espacio de la libertad de las personas. Es por ello que, ante la duda manifestada por el gato tirano, es inevitable recordarle el principio de inamovilidad de los jueces, máxima expresión visible del Poder Judicial. Dicho principio, de neto corte constitucional, es una de las más meritorias garantías incorporadas en nuestro sistema legal para limitar las prácticas del depotismo del príncipe (Hamilton A., El Federalista, 1976) y/o cuando su poder sea ejercido sin control alguno.

La Constitución Nacional, en el art. 110 establece dos garantías para esa independencia: la inamovilidad de los magistrados y la intangibilidad de sus remuneraciones. Y de allí surge la respuesta a la pregunta idiota del idiota: los magistrados, a diferencia de los funcionarios de los otros poderes, en nuestro régimen constitucional, se desempeñan en sus cargos vitalicios o, al menos, hasta que cumplan 75 años de edad, mientras dure su buena conducta, conforme al art. 99, inc. 4°, tercer párrafo de la ley suprema, y de acuerdo a la reforma del año 1994.

A mayor abundamiento se sostiene que un juez no puede ser removido de su cargo NI SIQUIERA para ser ascendido, ni para ser trasladado a otra jurisdicción, sin su consentimiento. Esto fue establecido por el cimero tribunal federal in re «Dana Montaño» y «González, Luis” (CSJN, «Acordada s/traslado de jueces federales», Fallos 201:245) Va de suyo que la inamovilidad de los jueces es una garantía ineluctable, pero ello no significa que sea una garantía absoluta porque entonces, aquellos magistrados deshonestos o negligentes en sus funciones (uffffff), no podrían ser destituidos.

Y es por eso que surge la figura del juicio político para que los miembros de la Corte Suprema de Justicia pueden ser removidos de sus cargos, y el jurado de enjuiciamiento para remover a los restantes jueces. Si bien es una cuestión que da para plasmar un análisis más abundante y específico, entiendo que lo expuesto ha de resultar suficiente para que el gatoburro Fernández recuerde el motivo por el cual los jueces en Argentina no tienen un plazo determinado para ejercer su función de garante de los derechos de los ciudadanos, entre otras tareas no menores.

El Poder Judicial es y debe ser el perseverante, celoso y entusiasta custodio del cumplimiento de los preceptos constitucionales; además, no olvidemos, carga sobre sí la obligación de controlar —lo que ha de hacer con valentía y determinación—a los otros dos poderes del Estado para evitar que éstos rebasen los confines que les ha marcado la Constitución en detrimento de los ciudadanos y frente a los abusos de poder de los gobiernos de turno.

Es por ello, señor presidente de algunos argentinos, que resulta imprescindible mantener la independencia del Poder Judicial (o la inmovilidad de los jueces que tanto le preocupa). Y quédese tranquilo que sembró la duda, pero la incertidumbre que generó es si usted está moralmente capacitado para la función que detenta e, incluso, para portar el título de abogado. Le manda un afectuoso saludo la Constitución Nacional y le ruega no se olvide está en plena vigencia.

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