El Gobierno de la Ciudad analiza pedir el embargo de los fondos y que se intime al Banco Nación a pagar

Preparan acciones judiciales, También podrían pedir multas para los funcionarios que no cumplan el fallo.

El Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, fue instruido por el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al presidente Alberto Fernández por incumplimiento del fallo que ordenaba el pago del 2,95% de los fondos coparticipables. Dentro de las alternativas de reclamo que se podrán impulsar, está un pedido de embargo de los fondos correspondientes y la intimación al Banco Nación para que gire el dinero. Además, no se descarta el pedido de multas contras los funcionarios nacionales.

«La Corte Suprema resolvió y no hay más instancias, el partido se terminó y no se quieren ir al vestuario porque no aceptan el resultado», dijo un alto funcionario del gobierno porteño al analizar la situación en la que se encuentran ante la decisión del Poder Ejecutivo.

Con el argumento de que es de imposible cumplimiento la orden porque el presupuesto ya fue aprobado por el Congreso, el presidente Alberto Fernández resolvió no acatar un fallo del máximo tribunal.

Frente a esta situación, el Gobierno de la Ciudad accionará judicialmente. Como el caso está en manos de la Corte Suprema es allí donde en primer término, se presentará una denuncia por incumplimiento del fallo, «el principal responsable es el presidente de la Nación pero también sus funcionarios», indicó Astarloa a Clarín.

En el marco de esa denuncia se analizan diferentes medidas contempladas en el marco de este juicio denominadas de «ejecución forzada», ya que el Gobierno nacional se niega a girar el 2,95% de los fondos coparticipables y con el fallo de la Corte la Ciudad entiende que se deberían haber girada desde este jueves.

Las medidas iniciales que se contemplan y que derivarán en un pedido puntual ante el máximo tribunal de justicia, es que se proceda al embargo de los fondos correspondientes que se deben girar a las arcas porteñas. El reclamo está contemplado en el marco de este tipo de juicios.

Como resultado inmediato de ese planteo, se reclamará que al Banco de la Nación Argentina -dirigido por Silvia Batakis-, se lo intime a dar cumplimiento al fallo y por ende, que comience a depositar diariamente el dinero equivalente al 2,95% no el 1,4% como sostiene el Poder Ejecutivo que continuará enviado a la Ciudad.

Dentro de la batería de medidas que se contemplan en estos juicios de ejecución, el gobierno de la Ciudad no descarta a través de su Procurador General, incluir un pedido de multas que se apliquen a los funcionarios que por orden de Alberto Fernández, decidieron desoír el fallo de la Corte Suprema.

El argumento de este planteos es que «un fallo de la Corte Suprema no está sujeto a análisis, sino que es de inmediato cumplimiento», indicaron desde el área Legal del gobierno porteño.

Por su lado, la Casa Rosada considera avanzar con una recusación de los ministros de la Corte y un pedido de revocatoria del fallo firmado por unanimidad el miércoles.

La medida que muchos consideran extemporánea, en cuanto a la recusación, y la revocatoria posterior que podría contemplarse en casos de acciones cautelares, no podría ser tratada hasta tanto se reintegren todos los integrantes de la Corte Suprema: se tomaron licencia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, considera que no sólo es improcedente ambos recursos planteados por Alberto Fernández, sino que por más que decidan ir por esa vía «nada suspende el cumplimiento de la medida cautelar y acá lo importantes es que se cumpla lo que dice la máxima autoridad jurídica del país».

Lucía Salinas para www.clarin.com

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